Si aún quedaba alguna duda o esperanza de que el electorado brasileño tendría una última oportunidad de evaluar a los candidatos a presidente para los próximos cuatro años en un debate entre ellos, una secuencia de decisiones judiciales individuales, con argumentos cuestionables y susceptibles de impugnación, echó todo por tierra. Y dejó en evidencia hasta qué punto el Poder Judicial, afectado por la mayor crisis de su principal tribunal, renunció a los principios de imparcialidad y fue tomado por la politización.
Menos de dos horas antes del inicio del debate previsto para el jueves, tres días antes de la primera vuelta, TV Globo anunció la cancelación del programa. Tradicionalmente el de mayor audiencia de la campaña, el encuentro cierra la temporada de enfrentamientos directos entre los candidatos a los cargos más importantes de la República, como presidente, gobernadores y alcaldes.
La emisora citó precisamente decisiones tomadas por magistrados de tribunales superiores para justificar la cancelación. La primera, a petición de la campaña del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, provino de la magistrada Estela Aranha, del Tribunal Superior Electoral (TSE), y prohibía mostrar un atril vacío reservado al candidato a la reelección, que prefirió conceder una entrevista a un pódcast en vez de enfrentarse a sus adversarios.
La decisión también prohibía que se dirigieran preguntas al ausente, aunque ambos puntos formaban parte de las reglas del debate discutidas y aprobadas por las campañas. El oficialista Partido de los Trabajadores (PT) había aceptado esos términos, pero después recurrió al TSE para que la ausencia de Lula no fuera aprovechada por los adversarios presentes en el estudio.
A continuación, el decano del Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, determinó la participación del candidato de Missão, Renan Santos, a pesar de que el partido no cumplía los requisitos legales que obligan a la emisora a invitarlo. Un detalle: la decisión respondió a una petición de Solidariedade, otro partido político, mientras que otra solicitud, presentada por los abogados del propio Renan, había sido rechazada por el presidente del TSE, Kassio Nunes Marques, y por la magistrada del STF Cármen Lúcia.
En el intervalo entre las dos decisiones judiciales, el candidato del Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro, aprovechó la medida determinada por Estela Aranha para desistir de asistir al debate, pese a haber dicho días antes que acudiría incluso sin la presencia de Lula.
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Con ello, por primera vez en 20 años Brasil acude a las urnas sin haber visto a los dos candidatos que encabezan las encuestas en un mismo debate, frente a frente con otros contendientes, y mucho menos el uno contra el otro. La última vez fue en 2006, cuando Lula, entonces candidato a la reelección, faltó a los tres debates de la primera vuelta; los demás candidatos, incluido el futuro adversario del petista en la segunda vuelta, sí estuvieron presentes.
Es difícil no ver conveniencia política en estas decisiones unipersonales —tomadas por un solo magistrado, sin pasar por el pleno del tribunal— que hicieron implosionar la última oportunidad de que el electorado viera al menos a uno de los líderes de las encuestas en un debate y se llevaron consigo lo que quedaba de credibilidad y confianza social en el Poder Judicial brasileño.
Pero esto no es algo exclusivo de las medidas de este 1 de octubre. Antes, ya contribuía a desacreditar al Poder Judicial la sesión en la que los magistrados del Supremo concluyeron sin tomar una decisión sobre las sospechas de vínculos entre integrantes de la Corte y Daniel Vorcaro, excontrolador del Banco Master, detenido tras las investigaciones del mayor fraude financiero del país.
En los últimos días, la forma en que el TSE y el STF abordaron una cuestión sui géneris ya dejaba en evidencia esta politización y un malabarismo de los agentes políticos: en busca de una decisión favorable, consiguen que la petición sea dirigida al juez con quien tienen mayor afinidad.
El caso involucraba publicaciones en las redes sociales que, falsamente, atribuían a Flávio Bolsonaro una supuesta intención de quitarle a Nuestra Señora Aparecida el título de «patrona de Brasil».
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Para contexto: se trataría de una medida orientada a satisfacer a determinados sectores evangélicos, que disputan el protagonismo en la sociedad brasileña con la Iglesia católica y condenan tradiciones como el culto a la madre de Jesús.
Pero eso le costaría votos entre el electorado mayoritario del país: cerca de una cuarta parte de la población es evangélica, frente a más de la mitad que se declara católica. Por eso, Flávio se apresuró a responder que se trataba de una mentira y que jamás había considerado tal medida.
Al percibir el potencial de daño al adversario, no solo el propio Lula, sino todo el entorno del presidente —el vicepresidente, Geraldo Alckmin, es católico practicante, de esos que saben citar de memoria el santo del día— pasó a hacer publicaciones en referencia a Nuestra Señora, sin citar directamente al candidato del PL.
Fue suficiente para que la campaña de Flávio recurriera a la Justicia Electoral para retirar de las redes las publicaciones que reprodujeran la desinformación. La solicitud fue aceptada por el magistrado André Mendonça, nombrado para el STF por el expresidente Jair Bolsonaro por ser "terriblemente evangélico" y ponente del caso Master en la Corte. En Brasil, tres magistrados del Supremo integran también el TSE, y uno de ellos preside el tribunal.
A continuación, en pleno fin de semana, la decisión fue revocada por otro magistrado del STF, Flávio Dino, exministro de Lula y católico fervoroso. El embrollo dio lugar a una tercera decisión unipersonal, esta vez de Luiz Fux, que restableció la orden de retirada. Fux es el único judío del STF y quedó en minoría en el juicio que condenó a Bolsonaro por delitos contra la democracia.
Finalmente, el TSE, esta vez mediante una decisión del pleno, ordenó el miércoles retirar de las redes las publicaciones que afirmaran como un hecho que Flávio propuso, apoyó o articuló el fin del título de patrona, preservando el derecho de quienes quisieran hablar de la santa sin mencionar al candidato del PL.
En la última semana de la campaña presidencial, se habló más de los enfrentamientos entre magistrados de los tribunales superiores de Brasilia y menos de los posibles futuros integrantes de los gabinetes de un nuevo gobierno de Lula o de una presidencia de Flávio Bolsonaro. Se discutieron más decisiones unipersonales que planes o propuestas de gobierno.
Fue la síntesis de un país que, aun políticamente polarizado, vivió una campaña presidencial con poco entusiasmo, lo que no augura nada positivo para una probable segunda vuelta entre Lula y Flávio, y mucho menos para los próximos cuatro años. El intervencionismo del Poder Judicial y la pérdida de credibilidad de la Corte Suprema por las sospechas que involucran a algunos de sus integrantes son el sello de este proceso electoral, sea cual sea el resultado a finales de octubre.
Ante decisiones judiciales controvertidas, el corporativismo por encima del interés público y, más grave aún, el abandono de principios fundamentales para la democracia, como el debate de ideas y el derecho a informarse sobre quienes aspiran a gobernar el país y velar por sus reglas. ¿Cómo esperar que el elector vote este domingo con esperanza y confianza en lo que vendrá?
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